Miles de trabajadores se han concentrado hoy cinco minutos ante las puertas de unos 300 centros y residencias de atención a personas mayores en la Comunitat Valenciana para exigir a la Generalitat que pague los cerca de 110 millones de euros que debe a las empresas de atención a mayores desde hace un año. Las concentraciones están respaldadas por los sindicatos mayoritarios -CCOO y UGT- y las principales asociaciones del sector de residencias y servicios a personas dependientes, entre ellas, Lares CV.
Al parón en cada uno de los centros se ha sumado una concentración ante las puertas de la Dirección Territorial de Bienestar Social en Valencia en la que han leído un comunicado en el que exigen a la Generalitat un “compromiso firme” para establecer un plan de pagos que sea “real y de urgente aplicación”.
El sector afirma que con esta protesta, que ha concentrado a más de 9.000 trabajadores en sus centros, se ha querido mostrar a la sociedad “la unión de trabajadores, empresarios, sindicatos y familiares en la defensa de la atención a los mayores”.
La plataforma que agrupa a los representantes sindicales y empresariales reclama a la Generalitat el desbloqueo urgente de la deuda “comprometida con un sector necesario socialmente”.
“Miles de trabajadores han salido en defensa de sus salarios y en apoyo a los compañeros de los centros que no están pudiendo cobrar su nómina, así como en defensa del derecho a una atención de calidad que tienen los mayores y dependientes de la Comunidad Valenciana”, han afirmado.
El impago de la Generalitat desde el 1 de enero está afectando a los cerca de 20.000 trabajadores del sector y algunas de las empresas “tienen verdaderos problemas para seguir dando servicio”. Así mismo, pueden verse afectados alrededor de 30.000 familias cuyas personas mayores reciben atención en estos centros y residencias.
Sindicatos y patronales han solicitado una reunión con el president de la Generalitat, Alberto Fabra, para concretar “una respuesta a las legítimas reivindicaciones” de los operadores y sus trabajadores y “evitar la desaparición de la red de atención socio sanitaria”.